
Jalpan de Serra, Qro. Luego de hacerse la Declaratoria de Emergencia por las plagas forestales que afectan la zona serrana, debido, principalmente a los efectos del calentamiento global, con lluvias erráticas y escasas, menos frío y sequías prolongadas, que han debilitado a los bosques y propiciado condiciones para que insectos como el descortezador del pino tenga ciclos de reproducción más frecuentes, hay quién señala que a pesar de la Declaratoria de Emergencia, estamos muy lejos de conseguir que tal declaratoria sea efectiva. Si bien con esto se avanza al darle al problema la relevancia que tiene, su atención en campo ( o sea en la vida práctica) reviste dificultades no tomadas en cuenta, lejos de los contextos reales, con una normatividad complicada, reglas que no aplican en la extrema pobreza.
Para Paty Ruiz Corzo, como conocedora de la situación social y ambiental de la Sierra Gorda, dadas las capacidades económicas de los dueños de los bosques es obvio que necesitan de apoyo técnico para poder cumplir con todos los requisitos que la normatividad exige. Tendrán que contratar, por ejemplo a prestadores de servicios técnicos forestales, una onerosa carga para los propietarios forestales que para ellos es imposible.
Cabe hacer notar que hace 2 meses personal de la CONAFOR realizó un sobrevuelo para estimar el área afectada. En ese lapso, consideran especialistas la plaga ha duplicado la superficie afectada, plaga a la que siempre se atiende tarde y de manera inadecuada.
Como se recordará el pasado viernes 20 de julio diferentes instancias de gobierno anunciaron una declaratoria de emergencia de sanidad forestal para el control del gusano descortezador, pero según expresa Ruiz Corzo “la normatividad marca un método de control que parece una receta medieval a base de sangrías para debilitar aún más al enfermo”, donde con total indiferencia e imposición coercitiva del “manejo oficial de la plaga” se está provocando que se afecte al suelo orgánico, al renuevo forestal y árboles sanos de otras especies, al ser mutilados por el derribo de los pinos afectados. Basta ver el estado de las áreas “saneadas” para comprender que el remedio es peor que la enfermedad.
Según Ruiz Corzo, una normatividad anticuada y de obvia inefectividad, cuya aplicación se está constituyendo como principal causa de afectación a la biodiversidad de Sierra Gorda y se convierte en este momento en un tiro de gracia a ecosistemas y especies que no están pudiendo adaptarse a los drásticos cambios del clima.
Ruiz Corzo también acepta que es positivo que la SEDEA trate de colaborar para buscar un método de control alternativo, biológico, que verdaderamente contribuya a frenar la expansión de las plagas sin empeorar la situación actual degradando aún más los debilitados bosques.
Ruiz Corzo cree que “necesitamos reorientar la normatividad hacia una legislación de punta, innovar y generar conocimiento que nos permita enfrentar los efectos del cambio climático. Reclamamos acción efectiva e inversión pública que realmente subsane las brechas actuales entre lo administrativo y la operación local.”
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